Tras exhaustivas revisiones, la comisión encargada del caso aprobó un nuevo informe que reemplaza al previamente presentado. Este fue aceptado por unanimidad con la participación de Adrián Castro (ADN).
Entre las conclusiones destacadas en el informe se evidencia eludir responsabilidades por parte de organismos como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y observaciones sobre el desempeño del mandato de Guillermo Lasso.
Se explicita que el informe previo, que analizaba aspectos sobre el crimen y las amenazas recibidas por Fernando Villavicencio, no obtuvo respaldo. En su lugar, el nuevo informe propone sugerencias significativas que serán sometidas a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El documento resalta la importancia de que las instancias correspondientes apliquen la máxima sanción establecida por ley a los responsables del asesinato de Villavicencio. Asimismo, señala la falta de colaboración por parte de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior en la investigación del caso.
Se recomienda en el informe remitir la información relevante a la Fiscalía y la Contraloría para esclarecer responsabilidades, de ser necesario.
El informe concluye que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo un trasfondo político, producto de la coyuntura política que atraviesa la sociedad ecuatoriana.