El encuentro virtual de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional está agendado para revisión del dictamen emitido por el magistrado Edgar Romero, orientado a reactivar evaluaciones políticas hacia exintegrantes del gobierno de Guillermo Lasso, que previamente habían sido suspendidas por retiro de respaldos.
El veredicto judicial responde a una petición legal presentada por la parlamentaria Inés Alarcón, lo que conlleva retomar el procedimiento contra la fiscal Diana Salazar, quien pidió la reanudación tras superar percances de salud.
#ATENCIÓN | La presidenta de la Comisión de @FiscalizacionAN de la @AsambleaEcuador, Pamela Aguirre, convocó para mañana a las 10:30 a sesión virtual para analizar la sentencia del juez Édgar Romero, en la que ordena retomar los juicios políticos archivados y suspender el juicio… pic.twitter.com/iebzAPuskA
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) September 6, 2024
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la solicitud y aconsejó la unificación de los procedimientos tras verificar requisitos establecidos.
Los análisis políticos continuarán su proceso con la presentación de la solicitud de análisis por parte de los miembros del congreso Gisella Garzón y Héctor Valladares de la RC. Henry Kronfle tiene tiempo hasta el fin de semana para avanzar en el proceso.
Garzón manifestó inseguridades sobre la sentencia que demanda la pausa del análisis contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, lo que supone regresar al inicio de este caso.
Adicionalmente, se plantea la incertidumbre en torno al análisis a la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld, que podría ser revisado nuevamente, por lo que la Comisión de Fiscalización tendrá que convocar a sesión para tomar decisiones al respecto.
La determinación del magistrado Romero señaló que la Comisión de Fiscalización atentó contra garantías constitucionales al impedir la presentación de nuevas adhesiones en sustitución de las retiradas, vulnerando el proceso debido, la defensa y la seguridad jurídica. Por tanto, se requiere revertir las actuaciones hasta el momento de la retirada de las adhesiones.
Esta resolución no afecta los análisis políticos que ya han sido decididos posteriormente a las resoluciones nulas. La Comisión de Fiscalización continuará con las solicitudes de juicio político contra distintos exservidores públicos, verificando la conformidad con los requisitos necesarios en cada caso.