El rescate tuvo lugar gracias a la denuncia anónima realizada a la línea de emergencia 1800-Delito. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que confirmaron la explotación de la menor, quien, debido a su temprana edad y condición de extranjera, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Los responsables enfrentan cargos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y han sido enviados a prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso judicial correspondiente.
En Ecuador, la legislación penal contempla duras penas para aquellos que cometen el delito de trata de personas. Captar, transportar, trasladar, retener o recibir a personas con el fin de explotarlas de cualquier manera constituye un acto repudiable y punible. Este tipo de crimen, que se sustenta en el uso de la fuerza, el engaño o la manipulación de la vulnerabilidad de las víctimas, es severamente sancionado por la ley.