La aprobación de esta ley implica la garantía de transferencias directas y automáticas de los recursos correspondientes a las entidades gubernamentales por concepto de impuestos y otros, sin intermediación de otros organismos gubernamentales. Se prevé que esta medida pueda tener impacto en las finanzas del país. Se espera que el presidente se pronuncie al respecto antes de la fecha límite.
Esta ley establece la asignación directa de recursos de ingresos a las entidades gubernamentales, asegurando que los montos sean depositados de manera directa en las cuentas correspondientes, sin necesidad de intermediarios. Además, se establece un plazo para regularizar pagos pendientes a estas entidades, los cuales ascienden a una cifra significativa.
Las autoridades locales han celebrado esta legislación como un avance en la descentralización fiscal del país, sin embargo, algunos analistas sugieren que el Estado podría enfrentar dificultades para cumplir con estos compromisos financieros.
El proceso legislativo de esta normativa sigue su curso y la decisión final recaerá en el presidente, quien podrá vetar parcial o totalmente la legislación, o permitir su entrada en vigor de manera inmediata.