El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 9 de julio una ordenanza que prohíbe el transporte de más de una persona en una motocicleta.
Esta medida ya estaba en vigencia a nivel nacional, pero en Quito generaba debate entre las autoridades locales.
María Fernanda Racines, alcaldesa subrogante de Quito, señaló que durante 2023 se cometieron 1,000 delitos mensuales en motocicletas a nivel nacional.
Hasta mediados de julio de 2024, se ha registrado un incremento del 56% en comparación con el año anterior.
“Se ha trabajado en una normativa para evitar el transporte de dos personas en moto y así contribuir a la seguridad de Quito”, expresó Racines.
La ordenanza aprobada incluye siete excepciones que permiten el transporte de dos personas en una motocicleta, como cónyuges, convivientes, hijos, hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, menores de 12 años y quienes brinden servicios públicos en cumplimiento de sus funciones.
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con caminos secundarios que requieren el uso de motocicletas, especialmente en parroquias rurales como Nono, Nanegal, Pacto y Gualea.
Por este motivo, la Secretaría de Movilidad debe presentar un informe técnico en 90 días para evaluar la situación en estas parroquias.
Con base en esto, se determinará en qué parroquias rurales de Quito se implementará la medida y en cuáles no.
Se llevarán a cabo operativos de control en colaboración con la Policía Nacional en las zonas más conflictivas.
Racines explicó que la normativa será evaluada cada seis meses para estudiar su efectividad, funcionamiento y la posible necesidad de ajustes.
Quienes infrinjan la norma recibirán sanciones de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, con una multa del 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 69 dólares. El vehículo no será retenido, según lo explicado por Racines.