La aeronave en cuestión, identificada como una Dassault Falcon 900EX, arribó al territorio dominicano en el mes de mayo de 2024 con el propósito de realizar labores de mantenimiento. De acuerdo con el titular de la cartera de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, el gobierno no interfirió en este proceso, limitándose a cumplir con lo estipulado por las autoridades judiciales locales. Se subrayó que el avión no pertenecía ni al mencionado funcionario ni al gobierno venezolano, sino a una entidad privada.
El desenlace que culminó con la entrega del avión a otro país se dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que Álvarez detalló que se emitieron dos dictámenes judiciales: uno para paralizar la aeronave y otro para transferirla a la nación correspondiente. Las autoridades estadounidenses justificaron la confiscación en función de las sanciones impuestas a Venezuela.
En medio de este escenario, el gobierno del país suramericano ha tildado la confiscación como una acción de carácter cuestionable. Han dado a conocer su intención de emprender acciones legales para revertir esta situación, argumentando que forma parte de una serie de medidas en su contra a raíz de los eventos electorales más recientes en los que participó Maduro.