La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación preliminar sobre la difusión de información restringida por parte de una asambleísta vinculada al movimiento Revolución Ciudadana.
La legisladora deberá proporcionar su dirección legal para proceder con su defensa legal ante futuras notificaciones, según la documentación con fecha del 16 de julio de 2024.
El proceso se desarrollará en la Unidad de Fuero de la Corte Nacional N.º 3, y podría estar vinculado al juicio político suspendido contra la fiscal general Diana Salazar.
Este juicio político había sido solicitado por la asambleísta en noviembre de 2023 por supuestos incumplimientos de funciones de la fiscal general, pero fue suspendido temporalmente debido al "embarazo de alto riesgo" de la funcionaria.
Tras la última comunicación enviada por la asambleísta el 11 de julio, Diana Salazar advirtió sobre posibles acciones legales "contra aquellos que divulguen información reservada sobre su embarazo".
Salazar emitió un comunicado público de dos páginas referente a su embarazo, expresando su disgusto por la divulgación de datos personales que contravienen normativas de privacidad y confidencialidad.
La fiscal general instó a quienes dudaban de su estado de embarazo a proponer tres médicos para certificar su condición y mencionó que cualquier divulgación de esta información vulnera sus derechos.
Por su parte, la asambleísta Garzón enfatizó que la salud de los funcionarios no es de competencia pública, y que se trata de un tema privado.
La investigación de la Fiscalía se enfoca en un posible delito relacionado con el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penaliza con prisión de uno a tres años la divulgación de datos de circulación restringida.
Se considera información restringida aquella protegida por cláusulas de reserva, la generada en investigaciones preliminares de la Fiscalía, así como los datos relacionados con menores de edad y adolescentes.