El Concejo Metropolitano de Quito ha avanzado en la discusión de un proyecto destinado a regular y supervisar el servicio de entregas a domicilio, también conocido como delivery.
La propuesta surge como resultado de la combinación de ideas presentadas por el alcalde Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana, y la concejala Analía Ledesma, de Izquierda Democrática.
En una reciente entrevista, la concejala Ledesma ha detallado los objetivos clave de la normativa y las responsabilidades que recaerán sobre los proveedores de este servicio en la ciudad.
Según Ledesma, la propuesta tiene como fin establecer un registro de los prestadores del servicio de delivery, permitiendo que realicen entregas a domicilio sin importar si están asociados a una plataforma de entregas o no.
Además, se contempla la emisión de un carnet que identifique a los repartidores, asegurando su reconocimiento en la localidad.
La normativa incorpora requisitos como la presentación de documentos de identidad, registro del vehículo utilizado, confirmación de los pagos de servicios básicos, entre otros, junto con el abono de una tarifa anual.
La sugerencia de que los repartidores asuman el 2,5% de un Salario Básico Unificado generó controversia, ya que Ledesma propone que dicho costo sea responsabilidad de las grandes compañías de delivery y no de los trabajadores.
Se prevé que la Agencia Metropolitana de Tránsito sea la entidad encargada de emitir las credenciales con código QR y fotografía del repartidor para facilitar su identificación.
Además del registro, los repartidores deberán llevar consigo las identificaciones correspondientes, ser cuidadosos en la entrega de los productos y respetar las normativas de tránsito y seguridad vial establecidas.
La vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, resaltó que la normativa se enfoca en mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en el municipio.
Tanto Racines como Ledesma concuerdan en que la regulación contribuirá significativamente a reducir los niveles de inseguridad en la capital y a impulsar la economía de forma organizada.
Tras la discusión inicial en el Concejo, se espera que el proyecto avance a la siguiente etapa en uno o dos meses, una vez se hayan considerado las sugerencias presentadas por los concejales.
La colaboración activa de los interesados será fundamental para aclarar dudas y perfeccionar el proyecto en reuniones de trabajo, tal como lo mencionó la concejala Ledesma.