Incremento del número de asambleístas y su impacto en el gasto público

Se prevé un aumento en el gasto estatal a raíz del incremento de legisladores en la Asamblea Nacional en el próximo ciclo legislativo.

Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la reestructuración de escaños para la Asamblea Nacional a partir de las elecciones de 2025, lo que resultará en un aumento de más de 3 millones de dólares en los gastos estatales durante el próximo ciclo legislativo.

Esta reforma tiene como objetivo principal reflejar el crecimiento poblacional y garantizar una representación equitativa entre las provincias con mayor cantidad de habitantes, centrando el ajuste en aquellas con un mayor crecimiento demográfico.

Nueva distribución de escaños en la Asamblea Nacional

La configuración actualizada contará con 130 asambleístas provinciales, 15 nacionales y 6 representantes del exterior, siguiendo el principio de proporcionalidad establecido en las normativas vigentes. La delimitación de circunscripciones será fundamental para asegurar una representación equilibrada.

Se espera que Guayas, Manabí y Pichincha sean las provincias más beneficiadas con este aumento de escaños, con el objetivo de reflejar de manera adecuada las diferencias en la distribución de población y electores, asegurando la igualdad en el ámbito electoral.

Impacto financiero del aumento de legisladores

Este incremento estimado de asambleístas implicará un aumento significativo en el gasto mensual destinado a salarios, con un incremento proyectado de alrededor de 66,626 dólares mensuales y un gasto anual adicional de casi 800,000 dólares. De esta manera, se elevará el presupuesto anual destinado a sueldos de los legisladores.

En un periodo de cuatro años, se estima que este aumento representará un gasto adicional de más de 3 millones de dólares, lo que elevará el presupuesto total destinado a los sueldos de los asambleístas durante el ciclo legislativo.

Retos y consideraciones fiscales

El incremento del número de legisladores no solo implica un mayor gasto en salarios, sino que también plantea un desafío para la planificación financiera del Estado. A pesar de la justificación basada en una mayor representatividad, será crucial gestionar el impacto económico para mantener un equilibrio fiscal adecuado en los próximos años.