El año lectivo comenzó en varias regiones de Ecuador el 2 de septiembre. A pesar de la vuelta de 1,7 millones de estudiantes a las aulas, se observó un alarmante incremento en los casos de abandono de centros educativos en la zona.
De acuerdo con datos del informe de Estadística Educativa 2023, en Pichincha hay 725,310 estudiantes, lo que equivale al 16.78% del total nacional. La tasa de abandono escolar en esta provincia se cifra en 1,85%, lo que corresponde a alrededor de 13,500 jóvenes de entre 16 y 17 años que dejaron sus estudios.
Aunque no se disponga de datos recientes para la ciudad de Quito, se informó que 300 jóvenes abandonaron los centros educativos municipales durante el último año académico. Este tema fue ampliamente debatido en la reunión del órgano de gobierno metropolitano del 10 de septiembre de 2024.
El vicealcalde Darío Cahueñas indicó que la situación económica es el principal factor que influye en el abandono de los estudios en la metrópoli. Un porcentaje elevado de jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentra en situación de precariedad económica, lo que afecta considerablemente su capacidad para continuar con la formación académica. Esta realidad incide directamente en la decisión de abandonar los estudios, especialmente en aquellos jóvenes que se ven obligados a trabajar para contribuir al sustento familiar.
Con el propósito de enfrentar el abandono de centros educativos y mejorar el desempeño académico, el órgano de gobierno de la ciudad de Quito evaluó una propuesta normativa presentada por Cahueñas. Este proyecto contempla la introducción de apoyos, becas e incentivos educativos para respaldar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Entre las acciones propuestas se incluyen tarjetas de transporte público municipal gratuitas, entradas gratuitas a eventos culturales, acceso a instalaciones recreativas municipales y oportunidades de prácticas laborales en instituciones locales. Estos estímulos tienen como fin asegurar un acceso equitativo a la educación y contrarrestar las barreras económicas que actualmente restringen el progreso educativo de algunos sectores de la población quiteña.
La presidenta de la Comisión de Educación, Analía Ledesma, enfatizó la relevancia de estos incentivos educativos como una medida de equidad social que procura igualar las oportunidades de recibir una educación de calidad para todos los jóvenes de la ciudad. El órgano de gobierno tiene previsto llevar a cabo un segundo debate sobre esta propuesta en los próximos días.