En distintas áreas de Guayaquil, como Pascuales y Nueva Prosperina, se ha observado un incremento significativo de la violencia armada debido a la presencia activa de bandas delincuenciales organizadas. Esta problemática pone de manifiesto la estrecha conexión entre la proliferación de armas de fuego no autorizadas y el aumento de la actividad criminal, especialmente en la región costera de Ecuador.
En Pascuales, de los 119 incidentes violentos reportados en los primeros seis meses de 2024, 108 estuvieron asociados al uso de armas de fuego. Además, las autoridades policiales han comunicado un aumento en la confiscación de armamento ilícito en comparación con años anteriores.
Nueva Prosperina, por otro lado, se posiciona como el segundo distrito con mayor presencia de armas no registradas. A pesar de los esfuerzos implementados por las fuerzas de seguridad, la violencia armada sigue siendo una realidad en esta zona habitada por más de 300,000 habitantes, donde el 80% de los incidentes mortales ocurridos en 2024 tuvieron la implicación de armas de fuego.
Guayaquil ha experimentado un aumento en la circulación de armas de fuego no autorizadas, consolidándose como una de las urbes con mayor cantidad de incidentes no premeditados en la primera mitad de 2024. A pesar de la disminución en la tasa de crímenes violentos respecto al año anterior, persisten retos significativos en la lucha contra la delincuencia en la ciudad.
La provincia de Los Ríos destaca por presentar la mayor tasa de fallecimientos violentos, superando a Guayaquil y otras regiones del país. La proliferación de armas no registradas ha ido en aumento en los últimos años, lo que se refleja en la creciente cantidad de actos delictivos y armamento confiscado.
Las autoridades del Ministerio del Interior han indicado que gran parte del tráfico ilegal de armas proviene de naciones como Perú y Bolivia, países donde también se identifican talleres clandestinos dedicados a la fabricación de armamento. A pesar de los esfuerzos por contener esta situación, la facilidad de acceso a armas no autorizadas continúa representando un desafío significativo para las autoridades ecuatorianas.