En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este martes, 18 de junio de 2024, se dio a conocer la determinación de extender por 30 días el plazo para que la Comisión de Garantías Constitucionales entregue el análisis detallado sobre la situación legal de los comandos de Taura.
Los individuos implicados en esta situación habían sido beneficiados con una amnistía durante la Asamblea Constituyente de 2008. La asambleísta a cargo restableció todos los derechos a los 60 militares involucrados en lo que se conoció como el 'Taurazo'.
El incidente ocurrió el 16 de enero de 1987, cuando un grupo militar de la Base Aérea de Taura llevó a cabo la acción de retener al entonces presidente León Febres-Cordero durante un evento en dicha localidad.
La solicitud de liberación de Vargas Pazzos, quien se encontraba bajo custodia, fue uno de los principales motivos de esta intervención. Él era una figura destacada en las fuerzas del orden en ese momento.
Lucio Gutiérrez, exjefe de Estado y exintegrante de las Fuerzas Armadas, respaldó la ampliación del plazo para el informe del caso al considerarlo justo. Además, hizo un llamado al Ministerio de Defensa por su supuesta falta de cumplimiento de la Ley y de un mandato constitucional como lo es la amnistía.
Gutiérrez señaló que tampoco se cumplió cuando el Congreso otorgó amnistía a los soldados que protestaron por el "saqueo bancario de más de 8 000 millones de dólares en perjuicio del pueblo ecuatoriano".
Con 123 votos a favor, se aprobó la propuesta de Urresta de ampliar el plazo en 30 días para la presentación del informe concerniente a la amnistía de los comandos de Taura.
La votación tuvo lugar después de que la asambleísta planteara la necesidad de contar con más información y mencionara que hay organismos que han optado por el silencio administrativo, entre ellos, el Ministerio de Defensa.