La obtención de 23 automóviles por parte del Ayuntamiento de Guayaquil, con un valor de 539 388 dólares, ha generado debate en las plataformas digitales. Uno de los vehículos fue asignado al alcalde de la ciudad, Antonio Pérez, mientras que los otros 22 fueron destinados a los concejales.
En medio de las críticas, los habitantes expresan que los recursos destinados a los coches podrían haberse utilizado en necesidades más apremiantes del municipio. Entre las principales inquietudes se encuentra el estado de las vías, problemas de abastecimiento de agua sin resolver, carencia de ambulancias nuevas y la decadencia de servicios como el transporte público y los espacios verdes.
El experto en la materia, Santiago Medina, sugiere que la compra de automóviles para el alcalde y los concejales no constituía una prioridad, y señala que hay otras problemáticas en la localidad que requieren atención urgente. Destaca problemas en la infraestructura vial, el sistema de transporte urbano, la iluminación en las calles, así como el mantenimiento de áreas públicas como parques y jardines.
Ante las críticas, el Ayuntamiento ha justificado que la adquisición se llevó a cabo debido al agotamiento de la vida útil de los vehículos anteriores, los cuales tenían entre 12 y 22 años de servicio y presentaban fallos mecánicos frecuentes. El coste de mantener dichos vehículos en funcionamiento implicaba gastos considerables.
El abogado Sofía Vargas menciona que la normativa de contratación pública no contempla inicialmente la devolución de bienes una vez adquiridos. No obstante, precisa que en caso de detectarse irregularidades en el proceso de compra, se podría considerar la devolución, siempre y cuando se apliquen las causales contempladas en la legislación vigente.