Mediante una declaración emitida por el organismo legislativo el viernes 19 de julio de 2024, se afirmó que el órgano ejecutivo ha cometido acciones que contravienen la legalidad vigente.
La entidad legislativa aprobó en un segundo análisis la propuesta de modificación a las regulaciones del IESS y BIESS. El Jefe de Estado vetó parcialmente esta propuesta por su falta de conformidad con la ley el 12 de abril de 2024.
Posteriormente, el 21 de mayo de 2024, la Corte Constitucional notificó al ente legislativo el dictamen respectivo, otorgándole un lapso de 30 días para su consideración.
El 21 de junio de 2024, el organismo legislativo envió la redacción final de la propuesta al órgano ejecutivo para su aprobación y difusión en el Registro Oficial, según lo estipulado en los artículos 139 y 147, numeral 12, de la Carta Magna.
No obstante, la gestión gubernamental, en un acto tachado de contravenir la legalidad, reconoció en el escrito remitido la obligación de validar y divulgar la normativa, pero esto no se llevó a cabo. En cambio, se sometió a consideración una nueva objeción al proyecto, violando los mencionados artículos constitucionales y asumiendo tareas que no le competen.
La entidad legislativa denunció esta acción del órgano ejecutivo como contraria a las normativas legales y resaltó que el poder ejecutivo debe cumplir con la aprobación y publicación de la regulación en el Registro Oficial.
El órgano legislativo insta al Jefe de Estado a acatar los procedimientos legales correspondientes y a no asumir competencias que no le son propias.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado oficial en respuesta a la entidad legislativa.
En el comunicado, el órgano ejecutivo asegura haber actuado con sensatez y respeto a la Constitución al plantear nuevamente una objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El presidente Daniel Noboa Azín justificó esta nueva objeción argumentando que, a pesar de las correcciones realizadas por el ente legislativo al texto de la propuesta, esta aún contiene aspectos que violan la Constitución.
Según lo expresado en el comunicado, el nuevo texto presenta elementos inconstitucionales que afectarían el derecho a la seguridad jurídica y representarían un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas.
También se identificó un error en el artículo 9 que daría lugar a una contradicción legal, lo que resultaría inconveniente.