En una importante audiencia celebrada el lunes 22 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado presentó su informe acusatorio en relación con Danilo Carrera, Hernán Luque, y otras personas relacionadas con el caso Encuentro. Este caso está vinculado a posibles irregularidades en contratos estatales.
La audiencia judicial se reinstaló para examinar detenidamente las acusaciones y evidencias presentadas por la Fiscalía. Durante el proceso, se señaló que Danilo Carrera y Rubén Cherres, quien ya falleció, podrían haber cometido actos ilegales con el objetivo de obtener ganancias financieras de manera fraudulenta mediante empresas estatales y la colaboración de funcionarios y contratistas del ámbito eléctrico.
#ÚltimaHora | #CasoEncuentro: se vuelve a llevar a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta #delincuenciaorganizada. Hoy, la #FiscalíaEc presentará su informe contra Danilo C., Hernán L. y otros acusados. pic.twitter.com/CvE7qOgrGO
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 22 de julio de 2024
La Fiscalía ha presentado pruebas sólidas para sostener las acusaciones contra los implicados y solicitar que se les lleve a juicio, mientras que se espera que el proceso legal continúe su curso.
El juez especializado en casos de corrupción, Renán Andrade, supervisó la etapa inaugural del proceso el 5 de julio, confirmando su competencia para el caso y validando las actuaciones realizadas hasta el momento. La fiscal Luzmila Lluglla presentó cargos contra varios involucrados, identificando a Danilo Carrera, Luque Lecaro y otros como responsables de actos de delincuencia organizada.
El caso Encuentro está enfocado en investigar una supuesta red delictiva conformada por funcionarios públicos y personas del sector privado que buscaron obtener beneficios económicos de manera ilícita a través de su influencia política en entidades gubernamentales como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.
Se cree que esta red criminal operaba de manera coordinada para llevar a cabo actividades ilícitas, aprovechando su cercanía con figuras políticas prominentes para lograr sus objetivos.
El caso fue iniciado en enero de 2023 luego de descubrirse un entramado de corrupción. La Fiscalía ha realizado allanamientos y recopilado evidencia que respalda las acusaciones de delincuencia organizada.
Hasta la fecha, diez personas han sido objeto de procesamiento judicial y se han adoptado medidas cautelares como la prisión preventiva, arresto domiciliario y la retención de cuentas e inversiones en el sistema financiero nacional.
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