En una fecha importante para la colaboración internacional, dos naciones llegaron a un acuerdo que pretende robustecer las capacidades de las entidades encargadas de velar por la seguridad y la justicia en el país receptor.
Los representantes de los respectivos gobiernos, el Embajador de uno de los países y la Ministra de Relaciones Exteriores de la otra nación, formalizaron este pacto que busca como objetivo primordial mejorar las instituciones democráticas con el fin de combatir actividades delictivas, fomentar la tranquilidad de los ciudadanos y consolidar el Estado de Derecho.
El aporte económico, valuado en 25 millones de dólares proveniente del país emisor, abarcará apoyo técnico, capacitación y dotación de recursos, administrado por la entidad correspondiente dentro del marco de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
El representante diplomático de la nación inversora manifestó: “Nuestra prioridad es contribuir a la seguridad de la población receptora a través de esta alianza que implica una inversión de 25 millones de dólares”. El grupo de trabajo de la Embajada estará en estrecha colaboración con el aparato gubernamental local para ejecutar planes y proyectos que incrementen la seguridad en el territorio receptor y atiendan los retos de seguridad de manera integral, involucrando a la sociedad civil, el ámbito privado y la cooperación internacional.
Este desembolso forma parte de la estrategia implementada por el país inversor para combatir la delincuencia organizada y ratifica el compromiso mutuo de ambos países con la seguridad y la justicia en la zona geográfica correspondiente.