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Entregarán actas desclasificadas sobre Nos Faltan 3 en la Presidencia
Se cumplió el plazo para la entrega de actas desclasificadas el miércoles.
La Corte Constitucional fijó un plazo de 30 días para desclasificar actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO.
Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados el 26 de marzo de ese año y el 13 de abril, Lenín Moreno, presidente de Ecuador en ese momento, confirmó su fallecimiento a manos del Frente Oliver Sinisterra.
La sentencia se emitió el 4 de abril de 2024. Sin embargo, desde el Gobierno se argumentó que se recibió la notificación el 12 de abril, manteniendo que están dentro del plazo legal. La sentencia establece que el Ministerio del Interior es responsable de la entrega de la información.
La Corte Constitucional ordenó la desclasificación a través de la sentencia 4-21-DN/24. Esta limita el proceso a las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 del 13 de abril de 2018, y 20 del 17 de abril de 2018, así como los audios, transcripciones y la lista de participantes de las sesiones del Cosepe relacionadas con el caso.
Hasta la mañana del 8 de mayo, los familiares del equipo periodístico señalaron que no han recibido la información. La reunión convocada por el Ministerio del Interior para las 10:00 fue suspendida.
¿La información llegará?
Después de la cancelación, los familiares fueron informados de que la información se entregará el jueves 9 de mayo de 2024 en la Presidencia de la República.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, confirmó a EL COMERCIO que recibirán los datos a las 15:00.
¿Qué sucede si no se entregan las actas desclasificadas?
André Benavides, abogado constitucionalista, explicó que el no cumplir con la entrega constituiría un delito según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena de uno a tres años de prisión. En tal caso, la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades.
Antes de llegar al ámbito penal, la Corte Constitucional puede iniciar la fase de seguimiento y cumplimiento de sentencia. Además, según Benavides, la institución podría llevar a la destitución del funcionario encargado de la entrega de la información.