El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció recientemente que un número considerable de individuos han sido detenidos en protestas contra los resultados electorales. Estos eventos surgieron tras la proclamación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales.
"Se han efectuado 2 000 arrestos hasta la fecha, con las correspondientes medidas de restricción y traslados a instalaciones penitenciarias. Estas acciones se basan en hechos considerados de extrema gravedad, y se busca administrar justicia de manera integral", expresó el mandatario durante una movilización en Caracas.
Se argumenta que los detenidos enfrentan acusaciones por actividades delictivas como incendios provocados en instalaciones electorales y oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Maduro aseguró que todos los individuos bajo custodia han confesado sus actos tras un riguroso proceso legal llevado a cabo por las autoridades competentes, lo que garantiza su condena.
A raíz de esta situación, se ha ordenado el traslado de los detenidos a prisiones específicas, una decisión que ha suscitado polémica a nivel nacional e internacional.
Al mismo tiempo, familiares de los arrestados y diferentes organizaciones no gubernamentales han alzado la voz denunciando la restricción de acceso a una defensa privada y la limitación en la comunicación con sus seres queridos.
Según reportes de la ONG Foro Penal, hasta la fecha de la declaración presidencial, se contabilizaban 939 personas arrestadas en relación con las protestas, incluyendo 90 jóvenes, además de la lamentable pérdida de 11 civiles y un militar.